Adiós a la violencia y a la coacción

En días pasados, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, desconoció las reglas mínimas de civilidad, así como el marco jurídico que impera a nivel nacional y estatal a favor de las mujeres, al atacar verbalmente a la regidora Brenda Valenzuela, por oponerse a una arbitraria alza de impuestos que castiga, una vez más, a la sociedad bajacaliforniana.
Toda democracia se caracteriza por ser un régimen de libertades, en el que las decisiones se toman por la regla de la mayoría, sin coacciones, presiones, ni violencia. En un régimen democrático, la oposición tiene el derecho legítimo a disentir, reflexionar y presentar sus argumentos a favor o en contra de un proyecto determinado, sin ser violentada ni perseguida por estar en contra de dicho proyecto.
Las reformas del año 2020, a la Ley en Materia de Delitos Electorales, definen a la violencia política contra las mujeres, en razón de género, como toda acción u omisión, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, 'que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública'.
Al votar en contra del Proyecto de la Ley de Ingresos que preveía aumentos al impuesto predial para el año 2023, la edil Brenda Valenzuela fue víctima de una serie de calificativos, en los que se aludió a la regidora como una persona incapaz en la toma de decisiones, además de insinuar que 'se subordina a alguien más', y al mismo tiempo descalificar sus argumentos, minimizando su postura opositora al reducirla a 'berrinches, pataleos y a un numerito'.
Estas descalificaciones y ataques verbales, por el mero hecho de disentir de una imposición autoritaria, son intolerables en un sistema democrático, en el que el marco jurídico constitucional promueve la igualdad entre hombres y mujeres, así como los derechos a la libre expresión de las ideas. La coacción hacia quien disiente es inadmisible, así como cualquier forma de violencia verbal.
La votación de cualquier iniciativa debe darse de forma absolutamente libre, garantizándose que, quien vote en contra, no será objeto de burla, sorna o violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
México no podrá cambiar, sin odio y sin violencia, con expresiones como las del alcalde, las cuales son inadmisibles, ya que son pronunciadas contra quien, en representación de voces ciudadanas que se han expresado en Baja California, votó de forma libre contra el artero intento de aumentar impuestos.
El aumento del predial no es otra cosa que un humillante castigo a una ciudadanía que se enfrenta al difícil reto de recuperar sus capacidades económicas, después de una pandemia devastadora y de las consecuencias de erróneas decisiones gubernamentales federales y locales.
Ante retrocesos que conllevan el sometimiento y subordinación de la mujer, y ante la grave violación a los derechos político-electorales, debe darse una sanción ejemplar, ya que dichas conductas son inadmisibles cuando de lo que se trata es de construir un clima de orden y concordia.
La polarización que día a día se alimenta desde el centro del país, no debe ni puede replicarse en entidades como Baja California. Hoy más que nunca demandamos unidad y conciliación, como las únicas vías para comenzar a recuperar la paz y la estabilidad que tanto anhelamos.

Por: Gina Cruz Blackledge(Senador por BC)
fuente:https://www.elvigia.net/columnas/2022/12/3/adios-la-violencia-la-coaccion-405991.html